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Sep11

Auditorías, obras y sanciones, lo más opaco del gobierno estatal

Samantha Páez // e-consulta

Lejos de cumplir con su promesa de campaña de mayor transparencia, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha impuesto mecanismos para bloquear la información pública, principalmente auditorías, Proyectos de Prestación de Servicios(PSS) y procesos administrativos contra servidores públicos, aseguraron miembros del Nodo de Transparencia.

A pesar de esta situación, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) no protege los derechos de los ciudadanos, lo cual deja claro el laxo proceso de elección de los comisionados y la falta de aplicación de la normativa federal vigente, agregaron.

Incumple promesa

Durante una rueda de prensa Lilia Vélez Iglesias, del Nodo de Transparencia, refirió que en estos cuatro años de alternancia no hubo un avance en materia de transparencia, como prometió el actual mandatario estatal.

Si bien en un inicio se reconoció que la Ley Estatal de Transparencia era una de las cuatro mejores a nivel nacional, por su aplicación pasaría a los últimos lugares.

Algunas de las trabas que detectó la organización son el cambio de modalidad en la entrega -por lo que, en lugar de entregar la información vía electrónica, se pide a los solicitantes que la recojan de manera presencial- y la reserva de información.

Cabe recordar que la organización internacional Artículo 19 publicó el 19 de agosto el informe "Transparencia, la deuda de Moreno Valle", donde llegó a la conclusión de que el gobierno poblano utiliza artimañas para no revelar información pública.

Algunas de aquellas son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación del organismo garante.

Dependencias ocultan datos

Rafael Hernández García Cano, miembro de la organización, manifestó que, como ejercicio, el Nodo de Transparencia ha solicitado los acuerdos de reserva a las diferentes dependencias y organismos de la administración estatal.

El resultado que se obtuvo es que las secretarías de Finanzas, Infraestructura, Gobierno, Salud, Educación y Contraloría son las que más acuerdos de reserva han publicado.

Durante la administración morenovallista se publicaron 98 acuerdos de reserva, de los cuales 42 se crearon del 3 de marzo de 2014 al 24 de febrero de 2015, es decir, que mientras en los tres primeros años de gobierno hubo 56 acuerdos en un año casi se duplicó la cifra.

Pese al centenar de reservas de información, sólo de 23 de los casos se dio al Nodo una copia digitalizada de los acuerdos respectivos, firmados por los titulares de las dependencias.

La información que se ocultó tiene que ver con auditorías al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial además de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian, los PPS y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal.

CAIP, garante de opacidad

La abogada Miriam Carrillo Ruiz, integrante del Nodo, dijo que el actuar de la CAIP es parcial porque en lugar de ser garante de la transparencia, con base en la Constitución y la Ley General de Transparencia, favorece la opacidad.

Situación que le pareció preocupante porque, dijo,  demuestra que hubo un proceso laxo en la designación de comisionados por parte del Congreso estatal y que el organismo autónomo es "comparsa del gobierno del estado".

Sobre el argumento que dan los integrantes de la CAIP acerca de la falta de armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Carrillo Ruiz sostuvo que eso da muestra de que los comisionados no han presionado al Congreso poblano para que aplique la reforma, misma que a más tardar se debe aplicar el 5 de mayo de 2016.

Vélez Iglesias agregó que la CAIP puede aplicar la reforma al artículo 6 constitucional y la propia ley general para resolver los casos en Puebla, porque ambas normas están vigentes, aunque no lo hace por falta de voluntad.

Para los miembros del Nodo, los comisionados de Acceso a la Información deberían aplicar la ley que más se apegue a losderechos humanos y más beneficie a los pobladores.

Hernández García Cano finalizó diciendo que dicha práctica no es por falta de conocimiento de las leyes federales sino que es una omisión para garantizar la opacidad.