Jun02

Ley Federal deberá aclarar mejor el papel del Consejero Jurídico: Comisionada

Jose Luis Cuautle G.

La facultad que tiene la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de impugnar las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá aclararse de mejor manera en la Ley Federal de Transparencia, indicó la comisionada Areli Cano Guadiana.

 

Al participar en el panel Medios de impugnación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del seminario organizado por el INAI, la comisionada hizo un llamado para que “en la ley Federal se circunscriban y se aclare de mejor manera qué papel va a jugar la Consejería Jurídica cuando decida recurrir a las resoluciones, qué papel va a tener el Instituto para defender la legalidad de sus resoluciones y qué papel va a jugar el ciudadano que solicitó la información en materia de seguridad Nacional”.

 

Al explicar los diversos medios de impugnación, la comisionada Cano recordó que la Consejería Jurídica podrá acudir a la SCJN cuando considere que el INAI emita una resolución que considere pueda afectar en materia de seguridad nacional.

 

Sobre esta facultad, el Consejero Adjunto de la Consejería Jurídica en la Presidencia de la República, Rodrigo Espeleta, indicó que se mantendrá una posición de transparencia y que “este recurso en ninguna forma demerita, disminuye o hace menos la reforma constitucional y, desde luego, tampoco la Ley General”.

 

Por su parte, Dante Preisser, titular de la Unidad de Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República (PGR), indicó que el Consejero Jurídico no sólo podrá impugnar las resoluciones del INAI, sino también de los organismos garantes locales, ya que la seguridad nacional es un tema que va más allá de una concepción federal o local.

 

“Aunque es muy difícil que ocurra, si por alguna resolución se llegara a afectar la seguridad nacional por obligar a dar cierta información alguien debe tener la atribución de protegerlo”, expresó Preisser.

 

En su intervención, Leticia Bonifaz Alonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, hizo énfasis en que las impugnaciones deben estar fundadas y motivadas, además de que deberán mostrarse las pruebas.

 

“Lo que nos puede dar un poco de tranquilidad es que cuando se ejerza esta facultad, todo el escrutinio público va a estar sobre el Consejero jurídico, y luego sobre la Corte, nunca se hará tras bambalinas”, señaló.

 

Al cierre del panel organizado en el Seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia, el investigador Jorge Islas destacó la importancia de establecer claramente los alcances de seguridad nacional ante la ausencia de definiciones, sugiriendo hacer uso del derecho comparado.

 

Islas López expuso el ejemplo de Estados Unidos donde se establecen criterios para que no quede en abstracción genérica este tema, lo que les permite contar con parámetros para que sus sistemas de clasificación de información sean ágiles y certeros.