Dic02

Piden al Senado regular publicidad oficial

Redacción

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, redes y ciudadanos expresaron su preocupación por la ausencia de una regulación de la publicidad oficial en el dictamen de la Reforma Política e hicieron un llamado a los senadores para que se incluya un transitorio al documento.

 

A través de una carta pública, Artículo 19, Ciudadanos en medios, CIMTRA, ICMA, Sonora Ciudadana, Iniciativa Sinaloa, Balance y Fundar Centro de Análisis e Investigación, expresaron su preocupación sobre la omisión del tema, “aún a pesar de que figuraba en varias de las iniciativas propuestas por el PAN y el PRD”.

 

La organizaciones recordaron que la obligación de regular el artículo 134 sobre el uso de la publicidad oficial está desde la reforma electoral constitucional del 2007, sin embargo hasta la fecha no se ha ni debatido, ni aprobado ninguna de las once iniciativas que se presentaron en el Congreso para regular esta materia.

 

Asimismo señalaron que el compromiso 95 del Pacto por México prevé el establecimiento de “una instancia Ciudadana y Autónoma que Supervise contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, la cual tendría que legislarse en el semestre que está por concluir.

 

“No se podrán construir las bases de una verdadera democracia mientras el ejercicio de la libertad de expresión se encuentre coartado por los gobiernos. Es necesario solucionar el uso discriminatorio, opaco y desvirtuado de la publicidad oficial y el derroche de recursos públicos que se deriva de esto”, expresaron las organizaciones

 

Ante esto, pidieron a los senadores incluir el siguiente Transitorio:

 

El Congreso de la Unión deberá, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, expedir una Ley General sobre propaganda gubernamental que regule el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley se aplicará a los tres ámbitos de gobierno y deberá definir procesos y criterios de planeación, asignación, contratación, transparencia, evaluación y fiscalización de la propaganda gubernamental.  La ley General deberá considerar las siguientes bases y principio:

 

I) Establecer como ámbito de aplicación de la ley a la federación, los estados y municipios, a los tres poderes de gobierno y organismos autónomos y descentralizados

 

II) Establecer de manera clara la definición de publicidad oficial como todos los espacios que los gobiernos de todos los niveles compran a los medios de comunicación y otros soportes para realizar anuncios

 

III) Definir con claridad el contenido de la publicidad oficial y establecer objetivos acordes a la utilidad pública

 

IV) Establecer que la información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa

 

V) Regular las diferentes etapas vinculadas a la producción, contratación, distribución y control de la propaganda gubernamental

 

VI) Establecer como principio de la asignación de publicidad oficial el interés público, transparencia, rendición de cuentas, rating, cobertura geográfica, público objetivo, no discriminación, equidad, eficiencia y buen uso de los fondos públicos

 

VII) Definir un uso eficiente de los tiempos del estado

 

VIII) Determinar los mecanismos de planeación del presupuesto asignado a publicidad oficial

 

IX) Establecer la obligación de publicar y poner a disposición del ciudadano de manera actualizada el desglose del gasto en publicidad oficial, los contratos, e información sobre las campañas y los medios contratados

 

X) Fijar límites al gasto en propaganda gubernamental

 

XI) Establecer un mecanismo de control externo de fiscalización del gasto destinado a publicidad oficial

 

XII) Establecer los mecanismos para promover la diversidad y el pluralismo de medios.

 

XIII) Establecer los tipos de sanciones ante el incumplimiento de la Ley

 

Finalmente, advirtieron que “sin reglas claras, la publicidad oficial se transforma en desinformación con contenidos propagandísticos y en una herramienta para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea editorial: ‘no te pago para que me pegues’. Estos vínculos financieros opacos entre medios y gobiernos sientan las bases de una relación en la cual los intereses económicos y políticos limitan la pluralidad informativa, el derecho a saber y la libertad de expresión”.