Mayo06

Desaparecen 77 mdp en condones y Salud no investiga

Ernesto Aroche Aguilar // Lado B

Aunque al gobierno del estado de Puebla se le desaparecieron 77 millones de pesos que se destinaron en el 2009, durante el sexenio de Mario Marín, a la compra de métodos anticonceptivos, la Secretaría de Salud no movió un solo dedo para indagar sobre el faltante, así lo reconoció la propia dependencia a una solicitud de información que presentó este portal.

 

Una situación que fue cuestionada por defensores de los derechos sexuales y reproductivos calificando de “grave” y que genera “suspicacias electorales”, “no vaya a pasar de nuevo que se estén comprando condones que no existen, si la respuesta es, quién sabe qué pasó, también podría ser quién sabe qué podría pasar”.

 

Sin condones ni nada

El pasado 19 de marzo Lado B informó que a pesar del millonario gasto, reportado por la propia Secretaría de Salud en el sexenio pasado, la dependencia no encontró documento que pruebe el gasto: ni facturas, ni recibos de ingreso a las bodegas.

 

El caso se inició el 15 de abril de 2010 cuando Jasmine Gómez López, entonces integrante del equipo de fiscalización que conformaron la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y la asociación Equidad de Género, ingresó una solicitud de información a la Secretaría de Salud de Puebla (folio PUE-2010-000456) pidiendo se diera a conocer el monto del presupuesto asignado para 2008 y 2009 para la compra de anticonceptivos.

 

La respuesta dejó perplejos a los investigadores de Ddeser. El gobierno de Mario Marín reportaba un gasto de 77 millones de pesos, una cifra exorbitante en comparación con años previos, cuando las cifras reportadas rondaron los 8 millones de pesos.

 

En marzo de 2012, ya en el periodo gobernado por Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Salud, entonces encabezada por Jorge Aguilar Chedraui, hoy candidato de Puebla Unida al distrito 15, reconoció un gasto ligeramente menor para ese año: 63 millones en lugar de los 77 reportados por el gobierno de Marín, pero además reconoció que no existían ni facturas ni recibos de ingreso de los métodos anticonceptivos a las bodegas.

 

La dependencia emitió una “Declaratoria de inexistencia” –folio 001/SOI/2012—para confirmar que la documentación no aparecía en los archivos de la dependencia. En el punto tercero de dicha declaratoria se estableció notificar al titular de la dependencia “para los efectos legales a que haya lugar”.

 

Pero no hubo ningún efecto legal pues la dependencia reconoció en otra solicitud de información –folio 115513— que jamás se le notificó a Aguilar Chedraui y que, como en los archivos de entrega recepción no tienen registro de la compra de anticonceptivos para el 2005 y el 2009, “motivo por el cual se presume, no existió ningún proceso de adjudicación. En este sentido no resulta procedente ejercitar acción legal, ya que no se cuenta con elementos para el planteamiento de queja o denuncia alguna”.

 

Un “descaro”

Para Natalí Hernández, representante en Puebla de Ddeser, una de las organizaciones que alertó sobre los montos millonarios, la respuesta de la Secretaría de Salud es “un descaro, quieren salirse por la tangente diciendo que como no lo tienen documentado, cuando ellos fueron los que nos dieron la información, y ahora resulta que no lo tienen documentado, me parece que es una situación gravísima”.

 

Natalí Hernández también sostuvo que lejos de ser un tema menor, pues “se piensa que la compra de métodos anticonceptivos no impacta, y que se puede tomar el dinero con total impunidad, pero sí impacta, en ese año, 2009, subió el índice de mortalidad materna, y una de las razones es el desabasto de métodos.

 

Por su parte, Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), sostuvo que respuestas como las que ofreció la dependencia lo que genera son “suspicacias electorales, no vaya a pasar de nuevo que se estén comprando condones que no existen, deben ser los más transparente, tanto en adquisiciones como en la investigación, por que si la respuesta es: ¿quién sabe que pasó? también podría ser ‘quién sabe qué podría pasar’”.

 

Zamora también puntualizó que no se trata de un asunto político, sino un asunto de manejo de recursos públicos, “y si hay un delito que se cometió se tiene que hacer justicia, no es un asunto de acuerdos entre partidos o la agenda para golpear políticamente a alguien, y no basta que los medios hayan documentado el fraude con condones, sino que las autoridades tienen que hacer algo”.

 

Y apuntó: “El asunto es que pareciera que lo que ocurrió en cualquier sexenio anterior a este ya no importa, es agua pasada, pero sí queremos saber que pasó, y lo menos que se pide es una investigación seria sobre el origen y el destino del dinero”.

 

Por ello, concluyeron los dos activistas, la dependencia tiene que investigar puntualmente la desaparición de los recursos, especialmente porque la propia dependencia fue la que dio a conocer el monto de lo erogado.