Abr06

Gobierno federal vuelve “confidenciales” 12 millones de expedientes… en apenas 2 años

Linaloe R. Flores // Sin Embargo

En las oficinas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el órgano de la Transparencia Mexicana, se ha formado una montaña de preguntas que no encuentran respuesta. Y es una montaña que crece hacia lo alto y lo ancho con un ritmo desbocado. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy existen 12 millones 120 mil 71, según consta en el órgano de la Transparencia Mexicana.

El Archivo General de la Nación –conservador de los archivos de la administración pública- contribuyó por su parte con este catálogo. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, le puso la categoría de “confidencial”. Ya no puede acudirse a ese pasado de sombras y dolor que aún entraña muchas personas sin localizar y muchas preguntas.

Para quedarse con dudas, no es necesario viajar por la Historia. El Gobierno Federal le puso lazo a información vital sobre asuntos que en el presente agobian a los ciudadanos; por ejemplo el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el Centro de Planeación Estratégica con el que la Presidencia inhibe el espionaje de otros países, o el diagnóstico de la Guerra contra el Crimen Organizado. Tampoco puede saberse qué dicen las encuestas que manda a hacer ex professo sobre su persona y en las que gasta millones de pesos el Presidente.

 

¿Cuál es el protocolo de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México ahora que 43 normalistas no se encuentran en ningún rincón? ¿Qué diagnóstico recibió el Presidente Enrique Peña Nieto sobre la Guerra en contra del Crimen Organizado en 2012 de manos de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)? ¿Qué funcionarios del Estado Mayor Presidencial permitieron que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento en septiembre de 2014 durante el Segundo Informe de Gobierno? ¿Qué hace la empresa Productos de Consumo Omega con 128 millones de pesos en un centro de datos para la Oficina de la Presidencia? ¿Cuánto se le pagó a Alfonso Waitshman, maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, en un viaje a China? ¿Qué le dicen las encuestas al Presidente, mandadas a hacer sobre su imagen? ¿Está enfermo el Presidente Peña Nieto? ¿Hay un gasto para que el recién nombrado Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, actúe apegado a la Ética?

Dudas que forman una montaña tanto de papel como de archivos digitales en la oficina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que jamás en su historia de 13 años había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 12 millones 120 mil 71, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].

Cada pregunta entraña una historia gestada en el interés nacional. Las han hecho ciudadanos, investigadores, periodistas, estudiantes tesistas o abogados que día con día, han contribuido a formar este inmenso cuestionario al Gobierno Federal a través del IFAI. Ninguna encuentra respuesta. En algunos casos, las entidades cuestionadas han respondido que la información es inexistente. Pero lo que prevalece para negar datos es la clasificación por periodos que van de dos hasta doce años. De modo que la mayoría de esos asuntos no se conocerá hasta después de 2018; es decir, cuando la presente administración federal haya concluido su mandato y las siguientes decidan o no quitarle la categoría de “reserva”.

Ernesto Gómez Magaña, experto en Transparencia de la Organización no Gubernamental Contraloría Ciudadana, piensa que “la Rendición de Cuentas es un puente tendido entre dos partes. De un lado están los ciudadanos. Del otro, los Gobiernos. Para que los segundos brinden explicaciones de sus actos, los primeros deben pedir, exigir, preguntar”.

Pero hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.

Para no responder, la administración federal se ha cobijado sobre todo, con los argumentos legales de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permiten bajo varios criterios mantener en reserva la información gubernamental. Los más socorridos son la seguridad nacional, el menoscabo de negociaciones con otros países, el posible daño a la estabilidad financiera o la puesta en riesgo de la vida de algunas personas.

El Archivo General de la Nación –sujeto obligado del IFAI- contribuyó por su parte con el catálogo de información confidencial y clasificada. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, se le puso la categoría “confidencial”, por lo que no puede consultarse a menos que se lleve una pregunta directa; es decir, datos precisos de un expediente.

¿Por qué estaba abierta esa galería? El 27 de noviembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) firmó un Acuerdo para formar la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) la cual, a través de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, solicitó a las dependencias federales la apertura de archivos. La Fiscalía desapareció en 2206, pero ese pasado de sombras y dolor siguió documentado ahí, en el AGN, repartido en miles de averiguaciones previas, fotos, publicaciones, revelaciones de espionaje o las acciones de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Tras la firma del acuerdo foxista, víctimas e investigadores de esa etapa de México convirtieron a la consulta en una acción cotidiana. Se buscaban fichas bibliográficas, se pedía acceso a documentos; siempre había alguien en esa área del AGN buscando algo. ¿Por qué pudo clausurarla el presente Gobierno? En enero de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley Federal de Archivos que tres años después, le permitió a la presente administración cerrar ese archivo fundamental en la memoria del país.

Clasificar no es una acción a la que haya recurrido en especial la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno foxista –encargado de inaugurar la Ley General de Transparencia con la instalación del IFAI- dejó seis millones de carpetas clausuradas. Algunas de ellas se refieren al crecimiento de su patrimonio, el gasto de su campaña electoral y los gastos de la Oficina de la Primera Dama, Martha Sahagún. Todo ello no se podrá conocer hasta 2018.

Los asuntos que más clasificó el sucesor de Fox en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tienen relación con averiguaciones previas que surgieron durante el combate al crimen organizado. De modo que dos años después de su salida de la casa oficial de Los Pinos, no es posible un conteo certero del número de víctimas mortales y de desaparecidos en ese pasaje de México calificado por todas las visiones expertas como traumático.

 

Texto completo en: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1303365