Mar25

La opacidad en México deja a un Senador gastar 10 mdp en fiesta “VIP” y nadie investiga: expertos en transparencia

Redacción Sin Embargo

El Senador priista Ismael Alfredo Hernández Deras libró la noche del lunes pasado la indagatoria que una Comisión Especial hacía sobre casos de corrupción durante su administración como Gobernador de Durango (2004-2010). En una hora, en fast track, legisladores dieron por concluida la investigación sin presentar resultados y expusieron que no había “elementos que presuman la existencia o comisión de irregularidades o actos susceptibles de faltas vinculadas con presuntos actos ilícitos”.

 

Hace cuatro años, cuando dejó la gubernatura de Durango, Hernández Deras fue el blanco de múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito, por dejar una deuda pública inexplicable hasta hoy y por supuestamente encubrir a miembros del crimen organizado. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) lo acusaron además de fraude electoral y tráfico de armas.

 

A pesar de que se han realizado muchas propuestas de la ciudadanía organizada para exigir a los servidores públicos y representantes populares mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, lo cierto es que la opacidad reina en todos los órganos de los gobiernos federal y estatales, así como en el Poder Legislativo.

 

El caso del Senador Ismael Hernández Deras también pone en tela de juicio la eficacia de las comisiones investigadoras legislativas.

 

Guillermo Ávila, investigador del proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, detalló que las comisiones legislativas en México, a nivel federal y local, se crean para investigar los asuntos que son de relevancia pública; por ejemplo, los posibles actos de corrupción de funcionarios y ex servidores públicos.

 

“Creo que lo que hay que tener en cuenta es que su objetivo principal es hacerse de información. Tal cual investigar y no sancionar, porque el Poder Legislativo no tiene esa función. Tiene la función de controlar la actuación del Poder Ejecutivo, pero no tiene el alcance de fincarle responsabilidades a un presunto culpable de actos de corrupción”, explicó.

 

El investigador de Fundar planteó que gran parte del estigma que tiene este tipo de comisiones especiales dedicadas a indagar asuntos de posible corrupción se debe a que sus resultados no son revelados a detalle o no se integraron de forma correcta las averiguaciones, lo que genera suspicacias en la opinión pública.

 

“Que esas investigaciones se hagan de forma transparente y que los resultados de esas investigaciones sean públicos, porque si solamente se queda dentro de las cámaras y entre los integrantes de este tipo de comisiones, pues entonces no hay la posibilidad de que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil o los medios de comunicación, tengan la posibilidad de enterarse qué es lo que está sucediendo y justamente llegamos a concluir que estas comisiones no sirven o que su desempeño tiene un sentido partidista o politizado”, detalló.

 

A la falta de mecanismos de control eficientes se suma una cultura ineficiente de rendición de cuentas y de sanciones a los servidores públicos o ex funcionarios, que aprovechan el uso de sus funciones para cometer ilícitos o actos de corrupción.

 

“Lo que nos está haciendo falta es que haya una verdadera sanción, que el ciclo de la rendición de cuentas se cumple con la capacidad de sanción y parece que no llegamos hasta ese punto”, explicó Guillermo Ávila, investigador del proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto en Fundar.

 

El ex coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, coincidió con el investigador y dijo que la decisión del Congreso es un golpe contra la justicia y la transparencia. “Es una sorpresa y un golpe inaceptable en contra de la justicia. Si seguimos administrando la justicia de esta manera los mexicanos no van a estar seguros del actuar de sus instituciones”, expuso a SinEmbargo.

 

Pero el panista también advierte que detrás del cierre de la supuesta investigación, de la fiesta por los 50 años del actual Senador priista y ex Gobernador de Duarango, está el regaño por parte del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien estuvo de visita en la entidad la semana pasada.

 

“Camacho dijo que la comisión no puede investigar a un funcionario federal, en pocas palabras pidió que se disciplinaran”, afirmó Ochoa Rodríguez.

 

El ahora Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a la gubernatura de Durango en 2004, después de ser líder juvenil del tricolor, así como Diputado, Senador y Presidente Municipal de El Mezquital, lugar donde nació. Medios locales destacaron en su momento que el priista fue “amigo íntimo” de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, quien lo promocionó en la cúpula del tricolor para ser el candidato a Ejecutivo estatal.

 

El regaño de camacho

 

Como “un golpe contra la justicia y a la transparencia”, calificó el ex coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, la decisión de cerrar la investigación que supuestamente hizo una comisión del Legislativo, además de la de los gastos de la megafiesta del Senador priista Ismael Hernández Deras.

 

Sin embargo, el militante blanquiazul destacó que detrás del cierre de la supuesta investigación está el regaño del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien estuvo en Durango la semana pasada. “La comisión se instaló de manera fast track, y a la semana siguiente viene Camacho a poner en su lugar a todos”, comentó el ex Diputado local panista.

 

Hace dos semanas, recordó, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) pidieron de manera “vehemente” formar la comisión para investigar la fiesta a la que acudieron 3 mil invitados, e incluso los legisladores ya hablaban de un “ilícito”. Asimismo, pidieron ir hasta sus últimas consecuencias.

 

La petición causó sorpresa, pero también se leyó como un ataque del gobierno del estado, encabezado por el también priista Jorge Herrera Caldera, contra cercanos a su predecesor.

 

“Después del 50 aniversario del Senador, a la siguiente semana vino una denuncia contra el ex Alcalde de Durango, Adán Soria, por fraude a un constructor; luego empezó el despido de personajes ligados al Senador Hernández Deras y en esa misma semana el Congreso se pone a trabajar para una comisión investigadora de los fondos ilícitos para esta fiesta”.

 

La fiesta, que causó molestia por la cantidad de invitados y por el gasto de 10 millones de pesos, fue criticada incluso por priistas.

 

“Dicho por actores del PRI fue un exceso, una fiesta en el estado más pobre del norte del país donde la mitad vive en pobreza y hay desempleo por arriba de la media nacional”, expresa el panista.

 

Pero la propuesta de la comisión también causó desconcierto ya que él por lo menos pensaba que Hernández Deras y Herrera Caldera eran parte del mismo grupo político. “Teníamos documentado que eran del mismo grupo, no sabemos qué pasó para detonar el conflicto”.

 

Pero el presidente del PRI, César Camacho Quiroz llegó a poner orden cuando estuvo en el estado el 20 de marzo.

 

“Camacho dijo que la comisión no puede investigar a un funcionario federal, en pocas palabras pidió que se disciplinaran”.

 

Cuestionado sobre si el presidente nacional del tricolor dio línea sobre el tema. El panista respondió:

 

“Totalmente, si queremos alcanzar un país de instituciones donde prevalezca la transparencia y revisión de cuentas este es un ejemplo de lo que no se debe hacer, un presagio de lo que viene ahora que regresa el PRI”.

 

Todos estamos a la acción de la justicia para coartar libertad de expresión, estamos expuestos a la ley.

 

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