Sep02

Retraso en la información, una constante gubernamental

Ernesto Aroche // Lado B

En junio pasado ingresaron al sistema Infomex –sistema electrónico de solicitud de información— cuatro solicitudes planteadas por diferentes usuarios con una petición similar, que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) diera a conocer el número de homicidios de mujeres registrados en la entidad en lo que va del año.

 

Antes de otorgar la respuesta la dependencia agotó en todos los casos los dos plazos que le otorga la ley retrasando hasta donde fuese posible la entrega de la información, es decir retrasó la apertura de los datos por un mes.

 

Se trata de una práctica dilatoria recurrente, lo mismo en la PGJE que el resto de las dependencias del gobierno del estado, que en algunos casos se prologa a varios meses más al negar primero la información solicitada y luego entregarla de último minuto antes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

 

Está última práctica ya ha sido cuestionada en varias ocasiones por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ha pedido al organismos reglamente sobre los tiempos de entrega una vez que se ha iniciado el proceso de revisión a las respuestas para limitar la posibilidad de usar esa estrategia.

 

A principios de julio pasado la integrante de la CAIP daba a conocer que hasta ese momento tenían registrados 21 casos en ese sentido.

 

De acuerdo con una nota del portal e-consulta: “Estas ampliaciones violan el artículo 82 de la Ley de Transparencia del estado, aseguró Ibarra Cadena, pues en su fracción 7 se establecen los tiempos límites para el cumplimiento de las solicitudes, y por medio de estas estrategias se aplazan hasta por ocho meses”.

 

Tiempos distintos la misma solicitud

 

El 15 de julio la reportera Diana Jiménez solicitó a la PGJE le informaran “el número de mujeres asesinadas en el estado de Puebla desde enero de 2013 al 15 de julio del mismo año. Desglosado por municipios y edades” (Folio: 00218013).

 

La respuesta llegó hasta el 12 de agosto, es decir, tras agotar el plazo legal y su prórroga, una prórroga que se concede de manera extraordinaria, según la ley de transparencia. Ese día la PGJ informó a la reportera que en ese lapso de tiempo se tenían reportados 48 asesinatos.

 

Cuatro días después de que Diana Jiménez presentara su solicitud, es decir el 19 de julio Armando Hernández Hernández ingresaba al sistema Informex para pedirle a la PGJE información estadística sobre “los homicidios dolosos en contra de mujeres por razones de género” y sobre  “las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, el número de víctimas del delito de feminicidio” en el periodo enero-junio de este año (folio 00221213).

 

La respuesta que fue entregada el 16 de agosto, es decir, cuatro días después de que se le entregó la información a Diana ofrecía la misma información: 48 casos, 44 considerados homicidios dolosos y el resto feminicidios.

 

Para el 29 de julio Lado B solicitó a la dependencia la misma información, el número de homicidios dolosos y el número de feminicios registrados en los primeros 6 meses del año (folios: 00225813 y 00225713)

 

La respuesta se entregó hasta el 26 de agosto, es decir 14 y 10 días después de que la PGJE ya había respondido a Diana Jiménez y Armando Hernández una solicitud similar, sobra decir que los datos ofrecidos por la dependencia fueron los mismos que en las solicitudes previas.