Ene08

Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI)

Ana Cristina Ruelas Serna*

El día de ayer se dieron a conocer los resultados del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) él cuál es una herramienta de evaluación de los mecanismos de exigibilidad de este derecho fundamental elaborado por Artículo 19 y México Infórmate.

 

En el INOGDAI se evaluaron 3 dimensiones: transparencia y rendición de cuentas de los órganos garantes, la promoción del derecho de acceso a la información y las resoluciones de controversias.

 

Se resaltó que el promedio nacional es de 53.6 puntos, esto es, el 81% de los 32 órganos evaluados reprobaron dentro de los parámetros del índice.  Solo  Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León se mantuvieron en el rango entre 60 y 70 puntos y únicamente Puebla superó a todos los estados con apenas 70.2 puntos.  En contraste, el Estado de México y San Luis Potosí obtuvieron menos de 40 puntos.

 

Este promedio se justifica por las bajas calificaciones obtenidas en las distintas categorías. En la primera, se obtuvieron 63.5 puntos, en donde Baja California, Coahuila, el Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo se encuentran por encima de 70 puntos, mientras que San Luis Potosí obtuvo apenas 16.  Esta es la categoría más fuerte de las tres.  Sus bajas calificaciones derivan en la falta de documentación de las actuaciones de los órganos dentro de los procesos de toma de decisión; además de que no cuentan con sistemas de archivos y procedimientos para la gestión documental. Sin embargo el proceso de acceso a la información en la mayoría de los casos –salvo Estado de México que solicitó prórrogas en todas sus respuestas y San Luis Potosí que aclaro, solicitó pago y puso a disposición – es aceptable.

 

Luego, la categoría más baja fue la de Promoción del derecho de acceso a la información con una calificación de  46.1, destacando Nuevo León y Tlaxcala con una calificación de 77.8 y San Luis Potosí con sólo el 11.1; esto se debe en gran medida a que los órganos no coordinan, en conjunto con instituciones educativas, programas para el conocimiento y la difusión del derecho de acceso a la información.  Además, no se cuenta con presupuesto específico asignado a ninguna actividad de promoción en la mayoría de los casos.

 

Por último la categoría de resolución de controversias obtuvo un promedio de 50.8. Únicamente Puebla, Zacatecas y Durango obtuvieron una calificación por encima de 70 puntos.

 

La variable más débil de las 15 variables -que integran las diferentes categorías- es la de criterios de resolución de controversias, la cual obtiene una calificación general de 10.6.  Sólo el 19% de las entidades emiten criterios de interpretación a la ley estatal durante los procedimientos de revisión (Baja California, el Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Puebla y Tlaxcala), lo que significa que en el 80% de los casos los ciudadanos no pueden tener la certeza o referentes sobre el contenido del derecho.

 

Además de lo anterior, resalta que de 120 comisionados solamente 40 contaban con experiencia previa en transparencia al ocupar el cargo.  Esto quiere decir que la representación de los órganos de garantía del derecho fundamental a la información está en manos de personas en proceso de capacitación.

 

Por su parte, mientras existen estados como Morelos, que cuenta con un presupuesto per cápita de 28 pesos, hay otros como Guanajuato, Chiapas y Guerrero que no alcanzan los 2 pesos.  Al respecto, destaca que el presupuesto no es determinante para obtener una mejor calificación en este índice, ya que Puebla es uno de los estados con menor presupuesto y es el que ocupa el primer lugar.

 

Finalmente, se hace necesario implementar mecanismos digitales para que la sociedad pueda conocer las deliberaciones de los órganos colegiados de los Institutos y Comisiones de Transparencia.

 

Un reto  mayúsculo  de los órganos garantes, que refleja el estudio, es de la promoción del derecho de acceso a la información.   Sin promoción el derecho pierde sentido ya que requiere de la participación ciudadana para que efectivamente cumpla el objetivo de propiciar el desarrollo democrático de un país.

 

El INOGDAI refiere que únicamente 6 órganos (Nuevo León, Tlaxcala, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo y Puebla) cuentan con mecanismos de promoción que contribuyen a ampliar el conocimiento del derecho entre la población.  Es decir, el 80% de los estados carecen de mecanismos suficientes para difundir este derecho.

 

Así, el INOGDAI busca convertirse en una herramienta de valor para la mejora de la gestión de estos organismos de protección del derecho de acceso a la información.

 

Para más información sobre este estudio, consulta www.inogdai.org

 

*Oficial del Programa de Acceso a la Información de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

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