Mayo06

Información divino tesoro

Ana Cristina Ruelas Serna*

“Los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad” [1]

 

La información se limita y se esconde. Su detentación patriarcal ha sido el arma perfecta para obstaculizar el desarrollo de muchas sociedades. A una década del reconocimiento del derecho a la información en nuestra Constitución, la autoridad continua olvidando que la información que está en sus manos es pública y que solo puede restringirse el acceso cuando su divulgación afecte algún interés general.

 

Por esta razón, somos pocos los que sabemos cuánto gasta realmente un gobierno para publicitarse y quiénes son los medios de comunicación que se benefician de esta publicidad. Tampoco conocemos quiénes son los proveedores de las obras públicas que se realizan todos los días en la ciudad y cuál fue el proceso de licitación al que estas se sometieron antes de ser asignadas.

 

Ejemplos de lo anterior son Puebla y el Distrito Federal.  El primero, niega el acceso a solicitudes de información tan sencillas como el monto gastado por concepto de publicidad oficial [2] o el nombre del proveedor que contruyó la Rueda de la Fortuna con motivo del festejo del 151 aniversario del 5 de mayo [3]. El segundo, durante el 2012 reservó toda la información relacionada con la ampliación de la concesión de la Supervía [4] y puso a disposición en sus oficinas el monto general aprobado y gastado por concepto de publicidad oficial [5].  Estas respuestas del estado carecen de una motivación racional que permita reconocer las causas de interés público por las cuales se determina limitar el acceso a la información a la sociedad.

 

Las y los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto gasta el gobierno para realizar sus actividades, y si las personas a las que se les asigna este dinero fueron elegidas en un proceso que garantiza la igualdad de condiciones y la eficiencia máxima de los recursos públicos.  Cuando invertimos en un negocio, queremos conocer a dónde se destinó cada peso que pusimos y qué está haciendo el administrador para provocar mayores rendimientos.   Sin embargo, en la relación gobierno – gobernando, las cuentas se quedan a medias o se encuentra la forma para esquivarlas.

 

En este sentido, hay estados que sin más, declaran la inexistencia de la información que claramente deben tener en sus manos. Así, en El Costo de la Legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas se señala que estados como Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Nuevo León respondieron –a las solicitudes de información respectivas– que el desglose del gasto en publicidad oficial no existe [6].   Entonces, si es inexistente ¿cómo podemos saber a dónde se fueron los miles de millones de pesos que se gastaron? Nuevo León por ejemplo gastó, en 2011, 568,590 mdp en publicidad oficial [7] y el desglose de la asignación de esta millonaria cantidad no está en sus archivos.  Estamos hablando de  un gasto de 1.5 mdp diarios para publicidad que no sabemos a quién se destinó ni para qué campaña.

 

Parece entonces que los sujetos obligados cada vez encuentran más formas para restringir el acceso a la información.  Las leyes se han ido reformando en busca de la máxima garantía de este derecho, sin embargo, la falta de compromiso de los funcionarios públicos con la rendición de cuentas, merma la efectiva implementación de la ley.

 

La transparencia es el primer paso para una efectiva rendición de cuentas. Los gobiernos deben comprometerse a publicar proactivamente toda la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos y toda aquella que consideran relevante para la ciudadanía, para su desarrollo.

 

 

* Oficial del Programa de Acceso a la Información de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

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[1] Tesis aislada número 164 032  publicada en el Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta  de agosto de 2010. Rubro: “INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO”.

[2] Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2012. Disponible en  www.publicidadoficial.com.mx

[3] Mantiene ST la Rueda Observación de Puebla bajo opacidad.  Disponible en: http://www.poblanerias.com/2013/04/mantiene-st-la-rueda-observacion-de-puebla-bajo-opacidad/

[4] Reserva GDF título de concesión de la Supervía hasta por 7 años  Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2012/08/reserva-gdf-titulo-de-concesion-de-la-supervia-hasta-por-7-anos/#axzz2RU6KBgoo

[5] Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2012. Disponible en  www.publicidadoficial.com.mx

[6] Idem

[7] Idem